28 de Julio

ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

57º período de sesiones – Julio-Agosto 2005

Tema 3 del programa provisional

Oradora: Tullia BALDASARRI

Señor Presidente:

Si partimos de la constatación de que los tribunales militares existen y son la fuente de serias violaciones a los derechos humanos y de impunidad de los violadores, damos la bienvenida a los principios elaborados por el señor Decaux destinados a establecer límites a dichos tribunales.

Salvo al principio número uno, por dos razones. La primera es que hay que evitar que dichos tribunales tengan una consagración constitucional sino que hay tender a que desaparezcan , salvo como tribunales destinados a juzgar exclusivamente las faltas a la disciplina militar del personal militar en el ámbito estrictamente castrense. Y la segunda es que hay una contradicción insuperable entre una auténtica administración de justicia, independiente, imparcial y formada por gente especialmente competente y los tribunales militares, dependientes del poder administrador, sujetos a la disciplina militar y constituida por militares, es decir por gente de armas y no de leyes.

Parafraseando a Clemenceau, quien dijo que la guerra es una cosa demasiado seria para confiársela a los militares, con más razón hay que decir lo mismo de la administración de justicia.

Suponemos que la Subcomisión va a dar su aprobación a estos principios. Esperamos que con la salvedad que acabamos de hacer.

Pero sería incoherente que la Subcomisión apruebe estos principios y propicie en general una buena administración de justicia y pase por alto el caso actual más grave de violación de esos postulados.

Grave en sí mismo y porque es la obra , no de un pequeño país pobre siempre expuesto a la condena de la llamada “comunidad internacional”, sino de una gran potencia cuyo Gobierno se presenta como el apóstol planetario de los derechos humanos. Ya nos hemos referido a esta cuestión en 2004 en el documento NGO 11.

Se trata de la situación de los detenidos en el campo de concentración de Guantánamo. Hace algo más de cuatro años que unas 550 personas se encuentran detenidas en condiciones deplorables y, salvo cuatro, ninguna de ellas ha sido hasta ahora objeto de cargo alguno.

Los presos de Guantánamo están en un “limbo” jurídico, sin derecho alguno, pues el Gobierno de Estados Unidos les atribuyó la categoría de “enemigos combatientes”, inexistente en derecho internacional y sostiene además que no están amparados por las leyes estadounidenses porque no se hallan en el territorio de dicho país.

Esta situación de excluidos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos ha sido denunciada por muchos juristas, por el señor Cumaraswamy, que fue Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de los jueces y los abogados, (E/CN.4/2002/72 párrafo 208) y por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (Opinión 5/2003, E/CN.4/2004/3/Add.1). Un grupo de cuatro relatores de la Comisión de Derechos Humanos, que solicitó hace más de un año al gobierno de Estados Unidos permiso para visitar la base naval de Guantánamo, anunció hace unos días que pese a no haber obtenido una respuesta positiva iniciará una investigación sobre las condiciones en que se encuentran las personas detenidas en ese lugar.

En junio de 2004, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en tres fallos diferentes, reconoció el derecho a los detenidos en Guantánamo a cuestionar su detención ante tribunales estadounidenses.

La Corte Suprema, en cambio, no cuestionó las facultades del Presidente que emanan de la Patriotic Act (cuya vigencia acaba de ser prorrogada por el Congreso) y en uno de los fallos reconoció la legalidad de la decisión del Congreso de acordar al Presidente el poder de detener a una persona con el estatuto de "enemigo combatiente” y mantenerlo indefinidamente en prisión sin acusación ni juicio.

La Corte tampoco se ha pronunciado sobre el derecho humanitario de los presos de Guantánamo, ni les ha garantizado explícitamente el derecho a un abogado.

Pese al modesto alcance de estos fallos, el Gobierno de los Estados Unidos tampoco los ha respetado.

Parece obvio que la Subcomisión debe pronunciarse sobre este caso, entre otras cosas, si quiere salvar en el seno de las Naciones Unidas los principios tan proclamados y tan poco observados de imparcialidad, objetividad y no selectividad . No hay obstáculo reglamentario alguno para ello, pues la Comisión de Derechos Humanos no se ha ocupado de la cuestión, mayoritariamente fiel en materia de derechos humanos a la regla escrita de que hay que ocuparse de los Estados donde se violan los derechos humanos y a una regla no escrita que dice que sólo tiene que ocuparse de los países pequeños, de preferencia del llamado tercer mundo y que no tengan gobiernos amigos de los Estados Unidos. Esto surge claramente de la estadística que figura en el Anexo II del documento E/CN.4/Sub.2/2005/3.

Muchas gracias.