57º período de sesiones – Julio-Agosto
2005 -
5 de agosto
Señor Presidente:
Los discursos y las celebraciones
no llegan a ocultar el hecho de que a escala internacional persiste
esencialmente la tendencia histórica al
desconocimiento de los derechos y a la
exclusión de los pueblos originarios. Esto quedó demostrado una vez más con la
falta de voluntad política de los Estados para aprobar en el decenio pasado la
Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.
En
las sociedades americanas existe un desprecio generalizado e institucionalizado
hacia los pueblos indígenas; acompañado
por la usurpación de sus territorios, recursos naturales y conocimientos
científicos.
Las legislaciones nacionales y
reglamentaciones se inspiran en el modelo individualista occidental impuesto por
la fuerza y no representa ni salvaguarda los intereses y las particularidades de los pueblos
originarios; más bien los discriminan, invisibilizan
e intentan su asimilación total o sencillamente promueven su extinción.
La lucha de los pueblos
originarios en defensa de sus
territorios y sus derechos es criminalizada y reprimida por los Estados. Sin
embargo, los pueblos se han sobrepuesto a estos obstáculos y a la conspiración del silencio y son
un ejemplo en la búsqueda de alternativas más justas a la globalización neoliberal.
Poco
o nada se ha avanzado en saldar la deuda
histórica con los pueblos indígenas, más bien se está retrocediendo a través de
la imposición de un mundo unipolar y la globalización económica. Las grandes
corporaciones transnacionales, amparadas por las elites gobernantes, han
comenzado un proceso de recolonización de los territorios indígenas y de los
pueblos americanos. Los gobiernos siguen al pie de la letra las normas
establecidas por el poder transnacional, el FMI, el BM, y la OMC. Empresas petroleras, mineras, farmacéuticas,
forestales, turísticas, pesqueras.... continúan con la apropiación de
territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas poniendo en peligro
la supervivencia de importantes poblaciones.
El Plan Puebla Panamá, el
Plan Colombia, la creación de bases militares estadounidenses, como en la
Triple Frontera, en Paraguay, las tentativas, hasta ahora frustradas de establecer el Área de Libre Comercio para
Las Américas (ALCA) y sus variantes regionales, los denominados tratados de
libre comercio (TLCs) promovidos por los Estados
Unidos y otros países industrializados,
amenazan también el futuro de los pueblos.
Los profundos problemas que aquejan a los pueblos indígenas no podrán
solucionarse a través de la redacción de informes, declaraciones de nuevos
decenios, establecimiento de grupos de
trabajo o instancias similares mientras no se plantee una estrategia permanente
en defensa de sus derechos colectivos. Tampoco se podrán solucionar los
conflictos mientras no se cuente con un instrumento internacional y sean los pueblos originarios quienes decidan
su propio destino.
Sr. Presidente:
En el reciente Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (18 a 22 de julio pasado en Ginebra) el
representante del Gobierno chileno se
vanagloriaba de los avances en materia
indígena. Cito textualmente parte de su intervención “...los sucesivos gobiernos en Chile han asumido un compromiso
permanente y estable en relación a las legítimas demandas de nuestros pueblos
originarios”, “.... reconocer su identidad y contribuir a su desarrollo social y preservación de su cultura. Se han adoptado
distintas medidas para satisfacer las demandas de los pueblos indígenas, dentro
de un marco de respeto a los derechos y garantías reconocidas
constitucionalmente y por los instrumentos internacionales .....y rechazando
categóricamente el uso de la fuerza y violencia como medio para obtener
beneficios”
Pero la verdad es que el
Estado chileno no ha cumplido con el compromiso adquirido con la comunidad
internacional de reconocer constitucionalmente a los pueblos
indígenas, no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, ha sido acusado
reiteradamente de violar la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ha desatendido las numerosas protestas y recomendaciones de
la comunidad internacional y de las instancias de Naciones Unidas como la
Oficina de la Alta Comisionada, el Relator Especial sobre Poblaciones Indígenas y el Comité de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que abogan por el respeto de los
derechos humanos de los pueblos originarios.
En Chile el Estado, en complicidad con el poder
transnacional y por quienes ostentan el poder, promueve todo tipo de prácticas
para detener y controlar cualquier forma
de disidencia o reivindicación que cuestione y se oponga al modelo económico.
En este contexto la lucha del pueblo mapuche ha sido fuertemente reprimida como
lo demuestra la violencia ejercida contra las
manifestaciones pacíficas por la libertad de los prisioneros políticos
mapuche, los centenares de detenciones y procesos judiciales contra comuneros y
autoridades tradicionales, la decena de presos políticos y un número
considerable de personas que deben vivir en forma clandestina perseguidos por
el hecho de reivindicar sus derechos como pueblo.
La tortura, el maltrato físico; incluso a niños,
niñas, ancianos y personas con impedimentos físicos; la militarización de los
territorios mapuche, el hostigamiento permanente por las fuerzas policiales a
las comunidades; acompañada de una desmesurada violencia es parte de la vida
cotidiana en los territorios en conflicto.
El asesinato de dos jóvenes mapuche: Alex Lemún (noviembre del 2002) y
Zenón Díaz Necul
(mayo del 2005) continúan en la impunidad y sus autores están en
libertad, al igual que los asesinos de más de 3.600 chilenos durante el período
de la Dictadura Militar -incluyendo al Dictador Agusto Pinochet- contradicen
seriamente las aseveraciones del Gobierno de Chile.
En Chile se utilizan leyes de excepción para
destruir el movimiento mapuche como es el uso de la Ley de Seguridad Interior
del Estado y la Ley Antiterrorista (Nº 18.314)
impuesta durante la Dictadura Militar en 1984. Ley que ha sido categóricamente
repudiada por la comunidad internacional. La
Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco Malleco (CAM),
organización que reivindica el derecho de autodeterminación, recuperación de
los territorios usurpados y promueve un proceso de reconstrucción como pueblo,
ha sido perseguida a través de los más sofisticados métodos. El Subsecretario del
Interior, Jorge Correa, indicaba en el 2004 que se ha realizado durante dos
años “una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial
denominada Operación Paciencia para pacificar los territorios del sur”. Esta
“operación” tenia como objetivo fundamental, destruir el movimiento autónomo
mapuche.
El 21 de julio pasado concluyó el segundo juicio por “Asociación
Ilícita Terrorista” contra la Coordinadora Arauco Malleco. El fallo del
Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad de Temuco, liberó por segunda vez
consecutiva a los seis imputados. Tres de ellos tendrán que continuar en las
cárceles chilenas ya que se les ha aplicado anteriormente y han sido condenados
por la Ley Antiterrorista por los delitos de “Amenaza Terrorista e Incendio Terrorista” que contempla una
condena de 5 y 10 años y un día, respectivamente. En el primer juicio por Asociación Ilícita Terrorista, realizado
en octubre del 2004, el tribunal de Temuco absolvió a los imputados por los
mismos cargos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia chilena, violando todo
principio de imparcialidad, anuló el fallo y emitió criterios destinados a
condenar a los acusados.
Sr. Presidente:
La Subcomisión, como órgano de expertos independientes, debería buscar
y proponer los mecanismos adecuados para condenar y detener el empeño de
las empresas transnacionales en el
saqueo de las riquezas y en el exterminio de los pueblos originarios. También
debería buscar y proponer los mecanismos apropiados para regular sus
operaciones de tal manera que no comprometan la supervivencia y el desarrollo futuro de estos pueblos. En
este mismo contexto, debería
pronunciarse, en forma
categórica y enérgica contra la
represión de los estados argentino y
chileno contra el pueblo mapuche
y por la libertad incondicional de todos
los perseguidos, prisioneros y condenados políticos.
Muchas gracias.