Subcomisión de Promoción
y Protección
de los Derechos Humanos
57° período de sesiones - 25 de julio al 12 de agosto de 2005
Tema 4 del programa provisional
Derechos económicos, sociales y culturales
Exposición escrita conjunta presentado por el Centro Europa Tercer Mundo,
organización no gubernamental con estatuto consultivo general y la Asociación
Americana de Juristas, organización no gubernamental reconocida como entidad
consultiva especial
El Secretario General ha recibido la
siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución
1996/31 del Consejo Económico y Social.
[1ro
de julio de 2005]
La Resolución 2005/69 propone la designación de un relator especial, cuyo mandato está inspirado en el Global Compact, al cual nos referimos más adelante.
La aplastante mayoría de
los Estados Miembros de la CDH cedió a las presiones de las empresas transnacionales,
claramente formuladas en su documento[1],
firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) y la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) en el que “sugerían” a la
Comisión de Derechos Humanos ignorar el Proyecto aprobado por la Subcomisión.
Las empresas rechazan de plano la posibilidad de que pueda llegar a existir un
instrumento vinculante para el control de sus actividades[2].
Y para que nadie piense
que el Proyecto de la Subcomisión puede invocarse como una norma internacional vigente,
la Comisión de Derechos Humanos se ocupó de precisar en el último párrafo de su
resolución 2004/116 que dicho Proyecto “…al ser un proyecto de propuesta,
carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna
función de vigilancia a este respecto”.
Pero ello no obsta para
que el Grupo de Trabajo de la Subcomisión estudie y haga propuestas sobre la
manera de aplicar a las sociedades transnacionales las normas vigentes de
derecho internacional en materia de derechos humanos, derechos laborales y
derechos ambientales, que son también
obligatorias para las sociedades transnacionales. Además el Grupo de
Trabajo tiene, entre otros, el mandato de examinar
los efectos de los métodos de trabajo y de las actividades de las sociedades
transnacionales y examinar, recibir y reunir información sobre el disfrute de todos
los derechos humanos.
Desde hace algunos años se le han abierto
de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que
se las llama “actores sociales”, siguiendo la tendencia mundial generalizada a
ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros
en detrimento de los Estados, los gobiernos y la sociedad civil en general.
La idea de incorporar a
los “actores sociales” a la cúpula de la ONU se adoptó oficialmente con el
lanzamiento del Global Compact, el 25
de julio del 2000, en la sede de la ONU en New York, con la participación de 44
grandes sociedades transnacionales y algunos otros “representantes de la
sociedad civil”. El objetivo declarado del Global Compact es que las empresas
acepten voluntariamente respetar diez
principios en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y
contra la corrupción. Entre las sociedades participantes en el Global Compact, se encuentran entre otras, British
Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis, con densos “curricula” en
materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio
ambiente ; la Lyonnaise des Eaux (actualmente Grupo Suez) , cuyas
actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de
obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina y en
Francia y más recientemente en Chile[3].
Esta alianza entre la
ONU y grandes sociedades transnacionales crea una peligrosa confusión entre una
institución política pública internacional como la ONU, que según la Carta
representa a “los pueblos de las Naciones Unidas...” y un grupo de entidades
representativas de los intereses privados de una elite económica internacional.
Dicha alianza va pues, en sentido
exactamente opuesto al necesario proceso de democratización de las Naciones
Unidas.
El Gobal Compact fue
anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a
la Asamblea General titulado “La capacidad empresarial y la privatización como
medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”
(A/52/428).
El Secretario General decía en ese informe que “la desregulación” se ha
convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los
países, tanto desarrollados como en desarrollo (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de
las empresas públicas confiando “...la propiedad y la gestión a inversionistas
que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el
rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores
extranjeros” (párr. 29).
Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas
escribía en 2004 en el prólogo a un documento titulado “La ONG del Siglo XXI,
en el mercado por el cambio”, de una organización llamada
SustainAbility : “Además, se hace
necesario, dada la supremacía de las demandas en los mercados, que los
agentes sociales se pongan al día en los fundamentos del mercado actual
con el fin de alcanzar sus objetivos. El Pacto Mundial es un experimento
ambicioso de colaboración de múltiples grupos
de interés dirigido a incorporar los principios universales sobre derechos
humanos, trabajo y medio ambiente a los mercados globales”[4]. Manifiestamente, el mercado y no el ser humano está
en el centro de las preocupaciones del Global Compact. Ahora la Secretaría
General se empeña en potenciar esta cruzada neoliberal promoviendo la formación
de sucursales del Global Compact, formadas por empresarios y Gobiernos, en
distintos países.
Esta política
estuvo precedida desde 1993 por la supresión de los órganos de las Naciones
Unidas que significaron en su momento un intento de establecer un control
social sobre las actividades de las empresas transnacionales, fundamentalmente
la Comisión de Sociedades Transnacionales, creada por el ECOSOC por resolución
1913 (LVII) de diciembre de 1974. Estaba compuesta por 48 Estados Miembros y se
dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar las actividades de las
sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta sobre las
sociedades transnacionales[5],
que nunca vio la luz.
En distintos órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas
(OMS, FAO, CNUCED, UNESCO, OIT, etc.) se manifiesta de diversas maneras este
viraje más o menos acentuado hacia posiciones neoliberales, motivado, entre
otras cosas, por su penuria presupuestaria : a veces ese aggiornamiento le permite obtener fondos
de algunos Estados o de fuentes privadas, si no para su presupuesto general,
por lo menos para programas determinados en los que están interesados los
donantes.
Un caso
paradigmático : el 20 de noviembre de 2002, décimo tercer aniversario de
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebró como
“McDonald's World Children's Day”. Fue como resultado de un convenio celebrado
en julio de ese año con el respaldo de Koffi Annan por Carol Bellamy, ex
Directora Ejecutiva de UNICEF y la transnacional Mc Donald’s.
Las protestas de diversas organizaciones, de especialistas en salud infantil y nutricionistas, que sostuvieron que la UNICEF no podía aparecer asociada al símbolo por excelencia de la mala alimentación infantil, no lograron convencer a la señora Bellamy de que cancelara el acuerdo con McDonald’s. Así fue como la UNICEF vendió su imagen a McDonald’s por un puñado de dólares. Un dato adicional : la ex directora de la UNICEF, Carol Bellamy, es ciudadana de Estados Unidos, uno de los dos países del mundo (el otro es Somalía) que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño[6].
También la esperanza de obtener fondos del Banco Mundial (en general
frustrada) lleva a los órganos especializados de Naciones Unidas a realizar
actividades conjuntas con la entidad financiera internacional.
Actualmente se puede decir sin temor a equivocarse que todo el sistema de
las Naciones Unidas está contaminado por la influencia que tienen las
sociedades transnacionales en las decisiones de los organismos que lo componen.
Así puede verse por ejemplo a los representantes del Banco Mundial discutiendo
temas de educación en reuniones convocadas por la UNESCO.
Se organizan reuniones
sobre las cuestiones más diversas donde el tema central es la participación del
sector privado y las empresas son los invitados de honor : Seminario sobre
los pueblos indígenas y las empresas privadas (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de
2001), debate general en el Comité de los Derechos del Niño sobre la
participación del sector privado en la realización de los derechos del niño
(Ginebra, 20 de setiembre de 2002), etc.
La Organización Mundial
de la Salud debería desempeñar un papel independiente y decisivo frente a las
epidemias que asuelan el planeta. Su ex directora, Gro Harlem Bruntland, dijo
en Davos el 29 de enero de 2001 : “Debemos proteger el derecho de las
patentes…La industria ha hecho un esfuerzo admirable para cumplir con sus
obligaciones con sus donaciones de medicamentos y sus reducciones de precios”.
Y su director de gabinete explica esa profesión de fe por la necesidad de
obtener financiación privada, pues los Estados les proporcionan pocos fondos, y
de hacer buena figura ante Estados Unidos, que tiene los “cordones de la bolsa”
mundial[7].
En situación similar se hallan todos los organismos del sistema de las Naciones
Unidas : búsqueda de financiación privada y tendencia a ocuparse de programas
que interesen a las empresas y a los Estados Unidos.
Un dato inquietante : el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está en sus dos terceras partes financiado por contribuciones voluntarias de Gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y de otros donantes privados, lo que lo hace inevitablemente vulnerable a las presiones. Están lejos los tiempos en que el entonces Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazaba una donación de computadoras de un Gobierno porque su aceptación podía comprometer su independencia y era contraria a las normas de las Naciones Unidas.
También las “cumbres” mundiales caen cada
vez más bajo la influencia de las grandes sociedades transnacionales, como es
el caso de la Cumbre de Johannesburg para un desarrollo sostenible de
agosto-setiembre 2002, cuyo orden del día fue “secuestrado” por las grandes
empresas, como dice un artículo aparecido en The Guardian, de Londres del 9 de agosto 2002, citando a Christian Aid. Esta última comienza su
documento diciendo : “Las sociedades transnacionales han secuestrado el
orden del día de la Cumbre…, mientras que las medidas destinadas a beneficiar a
los pobres han sido aguadas”[8].
Otro tanto está ocurriendo con la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información. Esta última se desarrolla en dos
etapas : en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.En el Comité preparatorio
que se celebró en agosto 2002 en Ginebra, el sector privado corporativo estuvo
doblemente representado, pues además de contar con representantes directos de
las empresas (entre ellas, Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan Telecom,
Swisscom) y de asociaciones empresariales de carácter internacional como el
Foro Económico Mundial (que reúne a las 1000 corporaciones más grandes del
mundo), la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de
Radiodifusión, etc., acreditaron decenas de delegados bajo la denominación de
“organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil”.
La Asociación Americana
de Juristas y el Centro Europa-Tercer Mundo proponen al Grupo de Trabajo que,
en cumplimiento de esa parte de su mandato, examine los efectos de los métodos de trabajo y de las actividades de
las sociedades transnacionales sobre el funcionamiento de los organismos de las
Naciones Unidas.
[1] Chambre internationale de commerce, Organisation internationale des employeurs, Joint views of the IOE and ICC on the draft,
“Norms on the responsibilities of transnational
corporations and other business enterprises with regard to human rights”, www.iccbo.org.
[2] Véase nuestro documento E/CN.4/2005/283
“Necesidad de procedimientos internacionales eficaces para aplicar a las
sociedades transnacionales las normas vigentes en materia de derechos humanos”.
[3] Sobre la privatización del agua
potable, véase el informe del 1º de marzo de 2002 a la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas del Sr. Miloon Kothari, Relator Especial sobre
una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado
(E/CN.4/2002/59, párrs. 55 a 65). Véase también el informe del Relator Especial
de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU,
El Hadj Guisse, sobre el derecho a disponer de agua potable, párrs. 58, 59 y 60
(E/CN.4/Sub.2/2004/20).
[4] www.ecodes.org/documentos/resumen_siglo_XXI.pdf. La ilustración que acompaña al documento
es inequívoca en cuanto a la ideología de su contenido : una cantidad de
relucientes carritos de los que se utilizan para hacer las compras en los supermercados.
Un párrafo del documento despeja cualquier duda que pudiera subsistir :
“Las ONG del siglo XX pasaron la segunda
parte del siglo como outsiders, retando al sistema. Las ONG del siglo XXI se
integrarán en él progresivamente. Las ONG del siglo XX se centraron en los
problemas, considerados como síntomas del fracaso del mercado. Las ONG del
siglo XXI se ocuparán de las soluciones que se logran a través de los mercados
(y a menudo mediante su trastorno). Muchas ONG del siglo XX comenzaron como pequeñas
instituciones, y más tarde se hicieron mayores. El crecimiento continuará, pero
las ONG del siglo XXI invertirán fuertemente en redes. Gran parte de la
financiación de las ONG del siglo XX tuvo como origen los sentimientos públicos
de ira o culpa. Las ONG del siglo XXI tratarán de persuadir a los
patrocinadores de que son buenas inversiones”.
[5] Nations Unies, Conseil
économique et social, Commission des sociétés transnationales : Rapport
sur la première session, document E/5655; E/C.10/6 (New York, 1975, paragr. 6
et 9).
[6] Desde enero de 2005, la nueva directora del UNICEF es Ana Margaret Veneman, también estadounidense. En 1993 Veneman entró a trabajar en la firma de abogados y « lobbystas » Patton, Boggs & Blow y también estuvo en el Directorio de Calgene, una de las más grandes empresas de alimentos genéticamemnte modificados. Uno de los clientes de Patton, Boggs & Blow fue Dole Foods, el mayor productor mundial de frutas y legumbres. En 2001 Veneman fue nombrada Secretaria de Agricultura por Bush y en enero de 2005 dejó ese cargo para asumir como Directora del UNICEF.
[7] Jean-Loup Motchane, “Quand
l'OMS épouse la cause des firmes pharmaceutiques”, en Le Monde Diplomatique, julio 2002, p. 10.
[8] Terry Macalister y Paul Brown,
en The Guardian, Londres, 09/08/02 y
Christian Aid, www.christian-aid.org.uk