INFORME PRELIMINAR DE LA MISION DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (A.A.J.) SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA.

La Asociación Americana de Juristas es una organización continental no
gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU, entre cuyos objetivos se
encuentran la lucha por la promoción de los derechos humanos y su efectiva
vigencia, la defensa del estado democrático y social de derecho, y la
defensa de las conquistas del derecho internacional, es especial del
principio de autodeterminación de los pueblos, y la paz basada en la
igualdad jurídica de los estados y en la cooperación internacional para la
construcción de un orden nacional e internacional justo y solidario.
En sus casi 30 años de existencia la AAJ, con el esfuerzo de sus Ramas
Nacionales y de sus asociados, en todos los países del Continente, y a
través de su representación permanente ante la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra, y el Comité de Descolonización en New York, ha
realizado acciones prácticas en cumplimiento de sus objetivos, incluyendo
numerosas misiones en varios países del continente, para la evaluación de la
situación de los derechos humanos y fuera del continente en los territorios
palestinos ocupados.


La AAJ es la única entidad continental que agrupa a abogados, magistrados,
jueces, profesores de derecho, fiscales y defensores públicos, y
funcionarios judiciales.

Su naturaleza y su acción, seguramente determinaron al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Venezuela invitarnos, en nuestra condición de
Presidenta Ejecutiva y Presidente del Consultivo, a realizar una visita para
evaluar el desarrollo de los derechos humanos en este país, invitación que
gustosos aceptamos en razón de que la misma está exenta de todo
condicionamiento que pudiera coartar de algún modo nuestra libertad de
movimiento, análisis y opinión.

En cumplimiento de nuestra misión hemos entrevistado a autoridades del más
alto nivel de los poderes de la República, y a organizaciones no
gubernamentales. Asimismo hemos hecho un recorrido que nos permitió apreciar
los niveles de desarrollo de la Misión "Barrio Adentro" y de los "Mercal" en
las populosas barriadas de Caracas. Hemos recibido una voluminosa
documentación sobre los más variados aspectos de los planes de desarrollo en
curso en materia de salud, educación alimentación, de la infancia y la
adolescencia, de la mujer, así como de los proyectos y realizaciones en
materia institucional, especialmente los referidos al Poder Judicial,
Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral, y el
último de PROVEA. Esta documentación será analizada para la elaboración de
un informe definitivo. Demás está decir que hemos estado atentos a toda la
información que brinda la prensa, la televisión y la radio.

En nuestros análisis siempre partimos del criterio que no existe ningún país
del mundo que cumpla cien por ciento con lo que establecen las
constituciones nacionales y los pacto internacionales de derechos humanos, y
que por eso la evaluación en la materia la hacemos de verificar si las
políticas públicas se orientan a su ampliación o a su restricción.
Al analizar en concreto la situación venezolana, siguiendo el criterio
expuesto, tomamos en cuenta que al momento de asumir el gobierno el
Presidente Chávez, como consecuencia del endeudamiento externo y las
políticas neoliberales de ajuste estructural aplicadas en todos los países
de la región, se habían alcanzaron los más altos índices de pobreza,
marginalidad, desocupación, delincuencia, violencia policial, corrupción y
deterioro de la calidad de vida de la población, y la deslegitimación de los
partidos políticos y las instituciones públicas, en especial el Poder
Judicial.

Como anticipo del informe definitivo, sin entrar en los detalles de las
fortalezas o debilidades, los éxitos o fracasos, temporales, del proceso de
cambio que vive el país, y balanceando los mismos, llegamos a las siguientes
conclusiones preliminares:

  1. Los problemas antes señalados, en su mayor parte, aunque en distinta
    medida, son objeto de políticas estatales tendientes a solucionarlos, con
    resultados disímiles, lo cual en parte es resultado de los obstáculos
    generados por la exacerbada confrontación política, la no modificación total
    de la estructura y de la composición humana de los órganos encargados de la
    gestión gubernamental.  Hay que destacar que se están desarrollando planes
    sociales de envergadura en las áreas de salud, educación, alimentación,
    vivienda, y de especial atención de la infancia, la adolescencia y la mujer,
    y de financiamiento de las iniciativas productivas, a  pequeña y mediana
    escala.

  2. En Venezuela rige el Estado de Derecho con el funcionamiento de las
    instituciones republicanas, inspiradas en un visible propósito de dar
    cumplimiento a las disposiciones constitucionales. En ese sentido se
    destaca, entre otras: a) las garantías con las que ha contado la iniciativa
    de la oposición para el referéndum revocatorio del mandato del Presidente
    Chávez, no obstante haber acudido al golpe de estado del 11 de abril de
    2002, y al paro general insurreccional de Diciembre 2002/Enero 2003, con los
    enormes daños que ello produjo a la sociedad y a la economía nacional; b) la
    instalación y funcionamiento de la Defensoria del Pueblo y el respeto a sus
    informes críticos; c) el respeto a las decisiones judiciales por el Poder
    Ejecutivo, y d) el desarrollo de la defensa pública y del acceso a la
    justicia.

 

 

  1. La actuación de la O.E.A. y del Centro Carter durante el proceso de
    recolección y reparo de firmas para el referéndum revocatorio es impropia de
    la imparcialidad y de los límites que corresponden a la observación
    Internacional.

 

 

  1. En Venezuela existe la más amplia libertad de expresión, y hasta se
    tolera una intensa y constante propaganda contra los poderes y autoridades
    constituidos, incluso la que se coloca en el límite de la sedición.

  2. Resulta significativo el crecimiento notable de la imagen del  Poder
    Judicial, a pesar de los avatares del enfrentamiento político existente.
    Estimamos que sería auspicioso que en todo proceso de selección de
    magistrados y jueces,  se tenga especialmente en cuenta su conducta ética,
    su carácter independiente, su adhesión comprobada a los principios
    constitucionales y su sensibilidad social.

    Caracas, 18 de Junio de 2004.

    Cléa Carpi da Rocha
    Presidenta

 

 

Beinusz Szmukler
    Presidente Del Consejo Consultivo