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INFORME
SOBRE VISITA DEL PRESIDENTE DE LA A.A.J. A PERÚ
El
Presidente de la A.A.J. realizó una visita al Perú,
del 2 al 7 de Setiembre, coordinada con la Rama de ese país,
con el objeto de analizar: a) la situación de los derechos
humanos, en especial los referidos a los presos políticos,
la revisión de los procesos realizados en violación
de la garantía del debido proceso, la investigación
de los hechos ocurridos durante la retoma de la embajada del Japón
y el caso del Dr. Giusti Acuña, el sistema carcelario, la
indemnización a las víctimas de sus violaciones, etc.;
b) la situación del Poder Judicial y el Ministerio Público;
c) la lucha contra la impunidad de la violación de los derechos
humanos y los actos de corrupción.
La
A.A.J. ha seguido atentamente la situación del Perú
en los últimos 20 años. En mayo de 1997 realizó
una misión frente a los graves acontecimientos que estaban
sucediendo, cuya conclusión fue que en el país no
existía estado de derecho, se violaban de modo sistemático
los derechos humanos, en un autentico terrorismo de estado implantado
para asegurar el continuismo de un régimen autoritario y
corrupto. Denunció la situación ante la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU y ante la OEA. Producida la huida
de Vladimiro Montesinos a Panamá, la AAJ se opuso vigorosamente
a que se le concediera asilo en ese país, y reclamó
la inmediata renuncia del Ing. Fujimori, y la instalación
de un gobierno de transición que convocara a elecciones limpias
que permitieran el ejercicio de la soberanía popular, la
investigación de los crímenes y el juzgamiento y sanción
de sus autores
materiales e intelectuales, conforme a la ley.
El
Presidente de la A.A.J., acompañado por el Presidente de
la Rama Nacional, Dr. Andrés Coello Cruz, y y en algunos
casos por los Dres. Greta Menaya y/o Juan José Lopez Lizama,
se entrevistó con el Decano del Colegio de Abogados de Lima,
Dr. Martín Belaunde Moreyra, el Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso Nacional, Dr. Heriberto Benitez
Rivas, el Ministro de Justicia, Sr. Olivera, el Consejero Especial
para Asuntos Jurídicos del Presidente de la República,
Dr. Fernando de la Flor, el Defensor del Pueblo, Dr. Walter Albán
Peralta, el Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Manuel Aguirre
Roca y la magistrada del mismo, Dra. Delia Revoredo, el Embajador
Juan José Antonio Meier, Subsecretario para Asuntos de América,
a cargo del Vice-Ministerio de Relaciones Exteriores, y con la Comisión
de Indultos, presidida por el Jefe del
Gabinete de Asesores del Ministro de Justicia, Dr. Carlos Zamorano
Macchiavello. En todos los casos se plantearon las inquietudes de
la AAJ que motivaron la visita. Participó de una reunión
con la Rama Nacional, otra con unos 100 familiares de presos políticos
y de desaparecidos, y visitó la cárcel de mujeres
"Santa Mónica", de Chorrillos, Lima, donde se entrevistó,
separadamente, con las autoridades del penal y alrededor de 15 delegadas
de los distintos pabellones. Desde hacía una semana la Rama
había solicitado se autorizara la visita a las distintas
cárceles del país en la que se encuentran presos políticos,
incluyendo la de Yanamayo a más de 4.000 mts. de altura,
pero luego de reiteradas promesas incumplidas, y recién el
último día, merced a numerosas gestiones, se consiguió
la autorización lo que permitió la única visita
indicada.
Las
conclusiones son, a grandes rasgos, las siguientes:
1. es indudable que a partir de la huida del Ing. Fujimori y la
instalación del gobierno provisional, se han producido cambios
significativos por la depuración de la cúpula de las
fuerzas armadas, la reinstalación del Tribunal Constitucional,
el inicio de la investigación de la masacre de recuperación
de la embajada de Japón y de la revisión de algunos
de los procesos contra acusados de terrorismo (el caso de los chilenos
condenados por "traición a la patria"), el mejoramiento
de las condiciones de detención en establecimientos carcelarios
para los procesados y condenados por la presunta comisión
del delito de terrorismo y la instalación de una "Comisión
de la Verdad".
2. No se han adoptado medidas indispensables para la reparación
de las violaciones de las garantías del debido proceso en
todos los casos en que los imputados por aplicación de la
legislación antiterrorista, fueron juzgados por tribunales
militares y tribunales civiles integrados por jueces sin rostro,
sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa, y con total desconocimiento
del principio de inocencia.
3. No se ha investigado la sospechosa muerte del Dr. Carlos Ernesto
Giusti Acuña, único rehén asesinado durante
la recuperación de la embajada de Japón.
4. No se ha dado cumplimiento al requerimiento del Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha dictaminado que la
Dra. Margarita Chuquiure Silva condenada a 20 años, y que
ya lleva 9 en prisión, es víctima de un encarcelamiento
arbitrario.
5. Se ha dictado un nuevo reglamento en materia de ejecución
penal que debe entrar en vigencia el próximo 21 de setiembre,
que agrava las condiciones de detención existentes de hecho
en este momento.
6. En términos generales, tanto desde el gobierno como desde
los sectores de clase media y profesionales, el foco de atención
sobre el gobierno de Fujimori y Montesinos, se centra en la corrupción,
y no en la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a niveles de genocidio.
Podría decirse que a diferencia de la Argentina postdictatorial
en la que el discurso gubernamental levantó la teoría
de los dos demonios (la guerrilla y las FFAA), en Perú todavía
hay un solo demonio, el de las organizaciones armadas.
Por todo ello, el Presidente de la AAJ, de conformidad con los principios
y objetivos de la Organización y las normas del derecho internacional
de los derechos humanos, solicitó a los tres poderes del
Gobierno del Perú, que en el ámbito de sus respectivas
competencias:
1. se investiguen todas las violaciones de los derechos humanos,
cometidas a partir del desencadenamiento del conflicto interno que
sufrió el país;
2. se derogue la legislación dictada con el alegado propósito
de combatir el terrorismo, que es contraria a la Constitución
Nacional, a los tratados internacionales ratificados por el Perú,
y al derecho internacional consuetudinario;
3. revisen, sin demora, los procesos incoados contra imputados de
terrorismo, por tribunales imparciales, - con todas las garantías
del debido proceso -, que en modo alguno pueden estar integrados
por jueces que hayan actuado como "jueces sin rostro",
o por quienes en ese momento colaboraron con los mismos;
4. se acelere la resolución de los pedidos de indulto en
trámite;
5. se investigue a fondo los hechos acaecidos durante la recuperación
de la embajada del Japón;
6. Se suspenda la aplicación del Decreto Supremo 023/2001
sobre régimen de detención.
Finalmente
el Presidente de la AAJ comprometió todos los esfuerzos de
la organización para impulsar el reclamo internacional que
obligue al Japón a extraditar al Ing. Alberto Fujimori, para
que responda por los delitos que se le imputan, con todas las garantías
que el mismo negó a sus víctimas.
Conviene tener en cuenta para esa campaña que el 5 de abril
de 1992 Fujimori dio un golpe de estado, disolviendo el Congreso
y poniendo en comisión a todo el Poder Judicial, es decir
se transformó en un usurpador del poder, y que al día
siguiente mostrando por acto propio sus objetivos, derogó
5 artículos del Código Penal, que penaban el genocidio,
la tortura y la desaparición forzada de personas. Y en el
ejercicio del gobierno los cumplió acabadamente: 25.000 asesinados
y desaparecidos, decenas de miles
de torturados, millares de presos, 110.000 mujeres indígenas
esterilizadas contra su voluntad.
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