1)      que el poder económico y las fuerzas armadas han producido un golpe de estado,  con fuerte olor a petróleo (su precio ha descendido inmediatamente en el  mercado internacional), que nos retrotrae a la política de los Estados Unidos en la región, típica de las décadas  60/70, de instauración de dictaduras que a sangre y fuego eliminen toda posibilidad de enfrentamiento a sus imposiciones;

2)      que es imprescindible una investigación profunda, imparcial e independiente, de los hechos de la ciudad de Caracas que provocaron numerosos muertos y heridos, para determinar sus responsables materiales e intelectuales y someterlos a juzgamiento conforme a la ley ante los tribunales competentes;

3)      que el llamado “gobierno de transición” instaurado por la fuerza de las armas, y autoinvestido de la suma del poder público,  carece absolutamente de legalidad y legitimidad, sus actos son jurídicamente nulos de nulidad absoluta. Por lo tanto debe ser repudiado por la comunidad internacional, la cual tiene la obligación de  no convalidar ninguna solución fuera de los marcos institucionales establecidos por la voluntad soberana del pueblo venezolano en la Constitución del país, hace apenas poco más de dos años, y exigir a los usurpadores del poder que  garanticen la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la seguridad de todos los habitantes de Venezuela, de conformidad con los pactos internacionales que el país ha ratificado.

Abril 12 de 2002.

Beinusz Szmukler                                                         Vanessa Ramos

  PRESIDENTE                                                    SECRETARIA GENERAL