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DECLARACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS SOBRE LA DENOMINADA
"GUERRA CONTRA EL TERRORISMO" Y EL TRATAMIENTO DE PRISIONEROS
DE PRESUNTOS TALIBANES Y/o MIEMBROS DE AL QAEDA
Aprovechando el efecto emocional de los atentados de 11 de setiembre,
el Gobierno de los Estados Unidos, con el argumento de la "
guerra total al terrorismo " y contando con la extrema disponibilidad
de otros Gobiernos, intimidados con argumentos como el de "
quien no colabora con nosotros, está con los terroristas
", extendió considerablemente su control militar, político
y represivo sobre todo el planeta en estrecho concierto con las
estrategias de expansionismo económico de sus más
grandes empresas transnacionales, varias de las cuales están
directamente representadas en las altas esferas de la administración
del Estado de dicho país.
Así
se han instalado en Asia Central, (el sueño que no alcanzaron
a realizar Napoleón ni Hitler) con sus gigantescas reservas
de petróleo y gas, han enviado tropas a Filipinas, y su embajadora
en Colombia parece formar parte del Gobierno de dicho país.
Las recientes modificaciones de la legislación represiva
en varios países en detrimento de las libertades civiles
, les permite intervenir directamente en la represión en
otros Estados en nombre de la " colaboración en la lucha
contra el terrorismo ".
El
Consejo de Seguridad se ha convertido en una cámara registradora,
"ex post facto", de las decisiones del Gobierno de los
Estados Unidos, invocando, contra sus propias decisiones anteriores
y contra la opinión de todos los juristas competentes e imparciales,
el derecho de legítima defensa en relación con los
ataques terroristas del 11 de setiembre (Resoluciones 1368 y 1373).
Otro tanto ha hecho la Reunión del Consejo de Ministros de
Relaciones exteriores del Continente americano, como órgano
de consulta del TIAR (Res.24/RES.1/01).
Muchos
gobiernos de Europa, América Latina y Asia han cedido parcelas
importantes de la soberanía nacional de sus respectivos Estados
y se ha producido una especie de mundialización de la tristemente
célebre " Escuela de las Américas", en la
que se especializaron en los métodos del terrorismo de estado,
casí todos los dictadores y más de 60.000 militares
latinoamericanos.
Las
declaraciones formuladas el 3 de enero de 2002 por el embajador
Francis X. Taylor, Coordinador de antiterrorismo del Departamento
de Estado de Estados Unidos son sumamente ilustrativas al respecto:
…"
Los aliados de la OTAN han acordado proveerle a Estados Unidos la
amplia gama de ayuda que solicitamos. Esto incluye uso ilimitado
de su espacio aéreo, instalaciones de bases, puertos marítimos,
logística, medidas de seguridad extraordinarias para las
fuerzas estadounidenses en Europa, intercambio de datos de inteligencia
y aviones de alerta anticipada.
…
" El programa de ayuda contra el terrorismo (ATA) del Departamento
de Estado, mediante el cual entrenamos a funcionarios extranjeros
de seguridad y ejecución de la ley, es un pilar de este esfuerzo.
El programa no solo provee entrenamiento, sino que ayuda también
a promover nuestras políticas y mejorar nuestros contactos
con funcionarios extranjeros para así alcanzar nuestras metas
antiterroristas. Hasta la fecha, hemos entrenado mas de 20.000 funcionarios
de más de 100 países. Esperamos que el financiamiento
adicional del programa ATA, luego de los ataques del 11 de septiembre,
nos permita acelerar la marcha de este entrenamiento… ".
Es cada vez más evidente que, con el pretexto de " combatir
el terrorismo " se refuerzan en todo el mundo los mecanismos
para reprimir la protesta social contra el " genocidio silencioso
", cuyas víctimas se cuentan por millones, provocado
por la mundialización capitalista neoliberal. Se acelera
enormemente la violación de las garantías para el
ejercicio de los derechos consagrados en legislaciones nacionales,
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en otros pactos internacionales.
Contra
la opinión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
del CICR, de algunos Gobiernos e importantes ONGs, el Gobierno de
los Estados Unidos ha decidido no aplicar los Convenios de Ginebra
de 1949 y sus protocolos adicionales a los prisioneros de guerra
internados en condiciones infrahumanas en la base de Guantánamo
y otros lugares, argumentando que son "combatientes ilegales".
El
Gobierno de Estados Unidos ha convertido a la base de Guantánamo,
que ocupa ilegalmente desde hace un siglo por la enmienda Platt,
que le impuso a Cuba bajo la amenaza de sus fuerzas armadas presentes
entonces en la Isla, en un campo de concentración para los
prisioneros de la guerra de Afganistan, violando incluso dicha enmienda
que no permite su uso para tales fines. Pretende hacer de la base
una " tierra de nadie " jurídica, en la que no
se apliquen las garantías establecidas en la Constitución
de los Estados Unidos ni las normas internacionales en materia de
derechos humanos y de derecho humanitario, a los prisioneros de
guerra internados allí.
Con
estas actitudes, y su oposición a la Corte Penal Internacional,
el gobierno de USA reafirma su condición imperial, según
la cual la humanidad se divide entre ciudadanos norteamericanos
que gozan del derecho a un juicio legal, y los del resto del mundo
que carecen de todo derecho. Olvida la advertencia de uno de los
padres fundadores de su país, Thomas Paine: "El que
quiera asegurarse su libertad debe proteger hasta a sus enemigos
de toda opresión, porque si viola su deber establecerá
un precedente que lo alcanzará a él mismo"
En consecuencia, la A.A.J. declara:
1) Que el gobierno de Estados Unidos debe garantizar a los prisioneros
de guerra talibanes y/o imputados de pertenencia a la organización
Al Qaeda todos los derechos establecidos en los pactos internacionales
de derechos humanos y del derecho humanitario, y los de su propia
Constitución;
2) Que
es preciso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
solicite al gobierno de los Estados Unidos su anuencia para la realización
de una visita de observación "in loco" a la base
de Guantanamo, a efectos de verificar la situación;
3) Que
nada justifica la continuación de los bombardeos sobre Afganistan,
y corresponde su cese inmediato;
4) Que
es indispensable que los gobiernos de los estados miembros de la
ONU se pronuncien vigorosamente contra la utilización por
los Estados Unidos de la excusa de "guerra contra el terrorismo",
para invadir o atacar por cualquier medio a otros países.
Enero
29 de 2002.
Beinusz
Szmukler
PRESIDENTE
Vanessa Ramos
SECRETARIA
GENERAL
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