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LA
ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS EXPRESA SU SATISFACCION
POR LA EXCLUSIÓN
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
Como resultado de una votación realizada el 3 de mayo en
el Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Estados Unidos perdió su puesto en la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que detentaba sin interrupción
desde 1947. Esto debe interpretarse como una sanción de la
comunidad internacional a la persistente política de dicho
país, opuesta al respeto de los derechos humanos.
En marzo del 2000 la Asociación Americana de Juristas denunció
ante la Comisión de Derechos Humanos "la violación
generalizada y persistente de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos de
América, agravada por el hecho de que sus gobernantes consideraban
que dicho país puede colocarse por encima y al margen del
derecho internacional" e instó a la Comisión
a "expresar su profunda preocupación por este estado
de cosas y a indicar
al Gobierno de ese país que el derecho internacional y los
derechos humanos existen para ser respetados por todos los Estados
Miembros de la comunidad internacional, grandes y pequeños,
sin excepción alguna".
En efecto, los Estados Unidos de América
no han adherido a buena parte de los instrumentos internacionales
de derechos humanos vigentes, entre otros, al Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; a ninguno
de los dos Protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos;
a la Convención contra el Apartheid; a la Convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y
de
lesa humanidad; a la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer; a
la Convención sobre la supresión del tráfico
de personas y la explotación de la prostitución de
terceros; a la Convención sobre el estatuto de los refugiados;
a la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes
y sus familias; a la Convención de Ottawa de 1997 que prohibe
las minas antipersonal y se niega a respetar el protocolo de Kioto
sobre reducción de la contaminación de la atmósfera.
Tampoco votó por la creación de una Corte Penal Internacional,
pese a que sus nacionales tendrán garantizada la impunidad,
pues la actividad del tribunal estará en buena medida subordinada
a las decisiones del Consejo de Seguridad. Sobre más de 170
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los
Estados Unidos adhirieron sólo a 12 y no es parte de los
principales, entre ellos los números 87, sobre libertad sindical,
98 sobre el derecho de negociación colectiva y 138 sobre
edad mínima (trabajo de menores). Al ratificar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, formuló reservas
a numerosos
artículos, entre ellos al articulo 6.5, que prohibe la aplicación
de la pena capital por delitos cometidos antes de los 18 años
y, en nombre de la libertad de expresión, al artículo
20, que prohibe la propaganda de guerra y la apología del
odio nacional, racial o religioso.
Es uno de los dos países del mundo (el otro es Somalia) que
no ratificó la Convención de los Derechos del Niño.
En 1994, James Grant, que era entonces Director Ejecutivo del UNICEF,
al presentar en una conferencia de prensa la publicación
"El Progreso de las Naciones 1994", dijo que la situación
de los niños en los Estados Unidos de América del
Norte era la peor de
todo el mundo industrializado. En efecto, en dicho país el
20% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza,
mientras en otros países industrializados ese porcentaje
varía entre aproximadamente el 5% en Europa occidental y
el 10% en Canadá, Australia y el Reino Unido. También
se estima que en Estados Unidos son víctimas de abandono,
malos tratamientos o violencias sexuales tres millones de niños
por año, tres veces más que en 1980.
En
el informe de 1996 de la Relatora especial de la Comisión
de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en pornografía,
se citaba un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos de América del Norte, en el que se
estima en 300.000 el número de niños prostituídos
en dicho país. La misma
cifra, aunque de distinta fuente, se cita en la publicación
del UNICEF "El Progreso de las Naciones 1995".
La Relatora reiteró dicha cifra en su Informe de 1997 sobre
su misión a Estados Unidos realizada en diciembre de 1996,
en la que agregaba que, en ese país, el 22,7% de los menores
de 18 años viven por debajo del umbral de pobreza.
El trabajo infantil, aunque no tiene la magnitud que alcanza en
algunos países del tercer mundo, existe en gran escala en
talleres clandestinos o más o menos clandestinos en Nueva
York, Los Angeles y otras ciudades y es habitual en el campo.
Desde
1992, casi todos los Estados de los Estados Unidos han aprobado
leyes que permiten juzgar a los menores como adultos. Varios Estados
han fijado en 10 años la edad límite, salvo Michigan
que no ha establecido límite alguno.
En
los últimos diez años han sido ejecutadas 12 personas
que habían sido condenadas por delitos cometidos siendo menores
de edad. Unas 70 personas que delinquieron cuando eran menores de
edad aguardan en prisión el momento de ser ejecutados.
Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, han sido
ejecutadas en Estados Unidos más de 600 personas, de las
cuales cerca de 200 en el Estado de Texas. En Estados Unidos hay
dos millones de presos (el doble que hace diez años), lo
que constituye la mayor población carcelaria del mundo en
proporción al total de habitantes. Las prisiones privadas
(120 con 120.000 detenidos) son un excelente negocio, en detrimento
de los derechos, la salud y seguridad de los alojados en ellas.
El
trato en las prisiones es brutal, tanto en las prisiones urbanas
como en las "work farms", verdaderos campamentos de trabajos
forzados, como el de Silverdale, Tennesse. En los Estados de Texas,
Arkansas y Louisiana los prisioneros están forzados a trabajar
en el campo gratuitamente. Es frecuente el abuso sexual contra las
mujeres encarceladas.
El
trabajo en las prisiones para empresas privadas está generalizado,
por un salario bruto en torno a los cinco dólares por hora
(que neto se reduce a unos dos dólares, pues los descuentos
pueden elevarse hasta el 80 por ciento del salario) y de él
se benefician grandes y conocidas empresas.
Los
inmigrantes ilegales cuya orden de expulsión no puede cumplimentarse
quedan internados en centros de detención o en prisiones
sin derecho alguno y en condiciones deplorables, situación
que puede prolongarse indefinidamente.
Se
estima en 13.000 el número de personas en esa situación.
La Corte Suprema ha confirmado una decisión de una Corte
de Apelaciones que sostuvo que dichos internados no son titulares
de ningún derecho constitucional porque en realidad no están
en los Estados Unidos, sino simplemente a cargo del Servicio de
Inmigración y Naturalización (INS).
Para
reprimir a movimientos sociales, los métodos empleados van
de los asesinatos, como ocurrió con los "panteras negras",
hasta los procesos judiciales amañados, como es el caso,
entre varios otros, de Leonardo Peltier, condenado a una larga pena
de prisión y de Mumia Abu Jamal, condenado a muerte.
En Estados Unidos de América se ha reconocido oficialmente
que se hicieron experiencias con materiales radioactivos con enfermos
mentales, mujeres embarazados y ciudadanos corrientes; y también
se ha reconocido oficialmente haber utilizado durante años
a 400 personas de raza negra como cobayos para experiencias médicas
(se los privó de tratamiento contra la sífilis para
estudiar la evolución de la enfermedad en esas condiciones).
Estados
Unidos ha asumido la representación de los intereses de las
sociedades transnacionales farmacéuticas ante la Organización
Internacional del Comercio con su reclamo contra Brasil (actualmente
en curso) a fin de impedir a este último país producir
medicamentos esenciales a bajo precio, entre ellos los destinados
a combatir el sida.
Pese
a la existencia de una Convención Internacional (a la que
Estados Unidos no adhirió) contra el reclutamiento, la utilización,
la financiación y el entrenamiento de mercenarios, los Estados
Unidos de América utilizan ampliamente los mercenarios tanto
en el plano interno como en Colombia y en las misiones así
llamadas de mantenimiento de la paz en Croacia, en Bosnia-Herzegovina
y en Kosovo.
Los
Estados Unidos violan sistemáticamente el derecho internacional
y los derechos humanos manteniendo el bloqueo
contra Cuba desde hace casi 40 años y forzando al Consejo
de Seguridad a mantener el embargo contra Irak y en la invasión
a
Panamá y las guerras del Golfo y de Yugoslavia ha violado
los Convenios de Ginebra sobre derecho humanitario en tiempo de
guerra.
Con el Plan Colombia y con sus bases militares y presencia militar
en varios países americanos (Manta, ECUADOR, Vieques, PUERTO
RICO, Guantánamo, CUBA , etc.) y en países de otras
regiones, crea zonas de tensión, agrava conflictos internos
y crea las condiciones para la internacionalización de algunos
de ellos.
Por
todo ello, la Asociación Americana de Juristas expresa su
satisfacción por la decisión del Consejo Económico
y Social de excluir a los Estados Unidos de la Comisión de
Derechos Humanos y espera que la misma sirva como advertencia a
dicho país para que ponga un freno a la arrogancia con que
trata a la comunidad internacional y para que cese de menospreciar
los derechos humanos de su propio pueblo y de los demás pueblos
del mundo.
Mayo 8 de 2001
BEINUSZ SZMUKLER
PRESIDENTE
VANESSA RAMOS
SECRETARIA GENERAL
ALEJANDRO TEITELBAUM
REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE
LOS ORGANISMOS DE LA ONU
EN GINEBRA
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