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DECLARACION DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS SOBRE
LA NUEVA
SITUACIÓN POLÍTICA ARGENTINA.
La
mayoría de los legisladores participantes de las Asambleas
Legislativas del 22-12-01 y del 1º-1 -02, ovacionaron los compromisos
fundamentales asumidos en sus respectivos discursos por los Presidentes
designados (Rodriguez Saá y Duhalde), actitud indicativa
de una decisión colectiva, conindependencia de quien recibía
el mandato de ejecutarlos: solución de los
problemas sociales, mediante la generación rápida
de un millón de empleos, el cumplimiento de la manda constitucional
del salario mínimo, vital y móvil, la implantación
inmediata de un plan alimentario para todos los excluidos, marginados
y postergados, acompañado de un plan de austeridad en la
función pública y especialmente la suspensión
del pago de capital e
intereses de la deuda externa, definida como "el más
grande negociado económico que haya vivido la historia argentina",
con el reconocimiento pleno de la facultad legislativa para decidir
en la materia, de conformidad con el art. 75, inc. 7 de la Constitución
Nacional y destinando los recursos así obtenidos al mejoramiento
de la calidad de vida de los argentinos afectados por el desempleo,
la pobreza, la marginalidad y la miseria. En sintesis, un cambio
total del modelo neoliberal vigente, que fue calificado
de "perverso", y a "sentar las bases de un nuevo
modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los
argentinos, el mercado interno y promover una distribución
más justa de la riqueza". Sin embargo no hubo hasta
el momento, cambios sustanciales.
Desde
luego en un tiempo tan breve nadie puede esperar cosechar los frutos
del cambio prometido. Sin embargo es suficiente para visualizar
la tendencia de su política. A medida que pasan los días
el resultado es alarmante, porque diversas disposiciones preservan
el modelo preexistente. En
cuanto a los funcionarios designados, a titulo ejemplificativo,
recordemos que el Ministro de Economía, más allá
de matices y estilos, ha sostenido el "perverso" modelo
neo-liberal, y que el Ministro de Defensa es
un claro exponente de la claudicación ante los planteos militares
y un defensor tenaz de la impunidad para los responsables de los
crímenes del terrorismo de Estado. Se ha designado como Presidente
del Banco Central, a un funcionario durante 20 años y hasta
hace 7 meses del FMI, cuando fue importado por Cavallo para la vice-presidencia
de esa institución. Y para las negociaciones con el FMI y
del departamento del Tesoro de USA, se barajan los nombres de los
mismos funcionarios que actuaron durante las
gestiones anteriores, sirviendo los intereses de la banca contra
los del país. El discurso presidencial ha ido cambiando y
reaparece como eje la complacencia con los reclamos de continuismo
del modelo económico del FMI y e la política de "relaciones
carnales" con Estados Unidos. El último domingo el comentarista
político de "Clarín", llega a decir que
para agradar
a Bush se repetiría el voto delarruista contra Cuba en la
Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, repudiado por la
inmensa mayoría del pueblo argentino. No sabemos si esa versión
es una expresión de deseos, un globo de ensayo, del grupo
multimedia, pero se requiere una inmediata desmentida presidencial
ya que sería un acto indigno de bajeza y sometimiento.
Las
medidas adoptadas con relación al llamado "corralito"
impuesto por Cavallo-De la Rua, a principios de diciembre, acentúan
el privilegio a la banca en perjuicio de los pequeños ahorristas.
Se argumenta que no hay que ser "fundamentalistas" porque
si se levantan las restricciones se hunde el sistema bancario. Este
tema merece un especial análisis. En los últimos años
se ha producido un proceso de alta concentración en el sector
financiero, que en su inmensa mayoría está en manos
del capital extranjero, y que, junto a las AFJP, que ellos mismos
controlan, las empresas privatizadas, los grandes supermercados
y los acreedores externos, se han beneficiado, con la complicidad
de la corrupción política, con pingües ganancias
a expensas del
esfuerzo del pueblo argentino. Los datos, ahora inocultables, revelan
que casi la mitad de los depósitos de los ahorristas argentinos,
han sido utilizados por los bancos para otorgar préstamos,
a tasa preferencial, a 87
de esas empresas, demostrando la falacia de sus presuntas inversiones.
Es una ignominia que se siga en la misma línea, y para no
afectarlas, retener contra la Constitución y la ley el dinero
de millones de argentinos, en lugar de imponer a la banca que opte
por requerir la cancelación de los créditos a esos
deudores, o se constituya un fideicomiso con esos créditos,
o bien ingresen al país los fondos necesarios desde sus casas
matrices, para respetar la intangibilidad de los depósitos
de sus clientes. Además la indisponibilidad de los depósitos
agrava la crisis al disminuir la ya deteriorada capacidad de consumo,
con su secuela de quebrantos de las pequeñas y medianas empresas
y creciente desocupación.
La suspensión
del pago de la deuda externa, no debe ser sólo la consecuencia
de falta de fondos para hacerle frente, sino también porque
su ilegalidad e ilegitimidad ha sido ampliamente comprobada y en
base a los estudios existentes ha sido pagada con creces, por los
intereses usurarios, comisiones y gastos indebidos aplicados. Pero
aún cuando fuese legítima, que
no lo es, los dos pactos internacionales de derechos humanos, el
de derechos económicos, sociales y culturales y el de los
civiles y políticos, en su artículo 1º, establecen
que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación"
y que "En ningún caso podrá privarse a un pueblo
de sus propios medios de subsistencia.". La Declaración
Universal de Derechos Humanos, resume "los medios necesarios
para el sustento de la vida humana" en su artículo 25:
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios...a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad". El Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales amplía
y desarrolla estos conceptos. Particularmente importante es el art.
11, que establece el principio de progresividad, cuyo contenido
es el de la intangibilidad de las conquistas y su constante acrecentamiento,
y la cooperación internacional en la realización de
los derechos.
No podemos
dejar de señalar nuestra inquietud sobre el proyecto del
Ejecutivo de reforma política, que, con el argumento de reducción
del gasto, pretende reducir la cantidad de legisladores. Somos muy
críticos de los emolumentos que perciben, y esencialmente
de la conducta de aquellos parlamentarios que violan el mandato
de sus representados, pero en modo
alguno podemos aceptar que por "economía" se cercene
la democracia. Cuanto mayor es el número de representados
por legislador, el alejamiento entre éste y su base electoral
se acentúa, y además se perjudica el pluralismo político,
favoreciendo a los grandes partidos, con lo cual una gran parte
del electorado quedará sin representación. Para reducir
el llamado "gasto
político" se requiere una legislación que regule
el período y el monto de la propaganda electoral, y que establezca
el sueldo de los legisladores en un monto lo más cercano
posible a los de cualquier trabajador. Hay que recuperar la ética
en la política. Ser representante del pueblo ha de ser na
vocación de servicio y una carga, nunca un privilegio.
En contraste,
resulta altamente estimulante el crecimiento multitudinario de la
movilización popular, la calidad de sus contenidos y sus
innovadoras formas organizativas, en reclamo del cumplimiento de
las promesas de cambio. Es de esperar que ese proceso continúe
y se profundice, neutralizando las provocaciones que intentan e
intentarán, grupos consciente o inconscientemente al servicio
del poder económico-financiero, desde dentro o fuera del
aparato estatal. Así se crearán las condiciones para
su
transformación en órganos permanentes de participación
y control democrático de la gestión gubernativa.
En consecuencia
la Asociación Americana de Juristas, reafirmando su permanente
defensa de la Constitución, de los derechos y garantías
que consagra, de la independencia y la soberanía nacional
y popular, reclama al Presidente de la Nación, a los gobernadores,
y a los legisladores nacionales y provinciales, terminar con la
traición al mandato popular y la soberanía
nacional limitando la democracia sólo a la periodicidad electoral,
que ha sido la característica de estos últimos 20
años, y de la que muchos de ellos fueron participes.
Para
ello es indispensable:
1.
Que el Congreso Nacional, en uso de sus facultades: a) disponga
un subsidio inmediato a todos los desocupados; b) apruebe un plan
económico de emergencia que asegure alimentación,
salud, educación y vivienda a todos los hogares; c) realice
la investigación de la deuda externa, en cumplimiento de
las disposiciones del art. 75, inc. 7 de la C.N., y de los resultados
de la
causa judicial que determinó la ilegalidad e ilegitimidad
de los actos generadores de la misma , así como la complicidad
del FMI (sentencia del juez Ballesteros); d) prohiba la salida del
país de todos los funcionarios gubernamentales de las gestiones
de Menem y De la Rúa, hasta tanto se determinen sus responsabilidades;
e) la aprobación de una ley de amnistía amplia para
todos los procesados y condenados por motivos sociales; f) denegar
todo envío de tropas argentinas al exterior o el ingreso
de fuerzas
extranjeras al país; g) definir una política exterior
independiente, privilegiando la consolidación del Mercosur,
sin alineamientos contrarios al interés nacional y a la unidad
e integración latinoamericana y caribeña.
2.
Que el Ministerio Público y el Poder Judicial impulsen la
investigación de las causas generadoras de la situación
de desfinanciamiento actual, y las responsabilidades de los funcionarios
públicos y de la banca que intervinieron en su gestación,
así como de los autores materiales e intelectuales de la
represión policial del 20 de diciembre, y su procesamiento
y condena conforme a la ley;
3.
La depuración de las fuerzas armadas, los cuerpos policiales,
de seguridad e inteligencia, de los funcionarios que hubieran tenido
cualquier grado de participación en la violación de
derechos humanos, y la adopción de la legislación
necesaria para una política de seguridad ajustada a los principios
de una sociedad democrática, incluyendo el control interno
y externo ejercido por la ciudadanía sobre dichos organismos,
tal como lo recomienda la Resolución Nº 5/95 del Comité
de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, la investigación y enjuiciamiento de todos los
casos de represión de las luchas sociales, y de "gatillo
fácil".
4. La
derogación del decreto por el cual el ex Presidente De la
Rúa dispuso el incumplimiento de los pedidos de extradición
de imputados por los crímenes del terrorismo de estado, sin
"negociaciones" ni consultas con las Fuerzas Armadas,
ya que ello implica el retorno a un estado deliberativo en su seno,
en violación del principio de su sometimiento al poder civil.
5. La promoción por parte de la Procuración del Tesoro
de las acciones civiles contra los responsables de actos ilegales
en la contratación y renegociación de la deuda externa,
con inmediata inhibición de sus bienes, a fin de que restituyan
al erario público los perjuicios ocasionados.
6. La devolución de las imposiciones a plazo fijo, con los
intereses correspondientes a la mora, y la libre disponibilidad
de los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro de
hasta $/U$S 50.000 por cuenta;
7. El respeto por el Poder Ejecutivo de la independencia del Poder
Judicial y del Ministerio Público, y la promoción
por la Cámara de Diputados de juicio político a los
integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia, que han dado
reiteradas muestras de sometimiento al Ejecutivo, convalidando sus
reiteradas y graves violaciones a la Constitución Nacional.
8. Suspender toda negociación con el FMI, y con otros organismos
financieros, hasta tanto concluya la investigación que debe
realizar el Congreso Nacional respecto a la deuda externa.
9. Combatir severamente la corrupción y la evasión
fiscal;
10. Gravar fuertemente al capital financiero especulativo e improductivo;
11. Facilitar a los campesinos y trabajadores del campo el acceso
a la tierra fértil y crédito promocional para la incorporación
tecnológica y la irrigación;
12. Establecer estímulos fiscales y crediticios a la pequeña
y mediana empresa.
Todavía se está a tiempo, si realmente se privilegia
la satisfacción prioritaria del derecho a la vida, a la salud,
la alimentación,
la educación y la seguridad de todos los habitantes. La Asociación
Americana de Juristas tratará de contribuir a la movilización
y organización popular, única garantía de alcanzar
los objetivos propuestos y construir una nueva sociedad justa y
solidaria.
Buenos
Aires, Enero 24 de 2002.
Beinusz Szmukler
Presidente Continental
Ricardo F. Molinas
Presidente Rama Argentina
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