
Distr.
GENERAL
E/CN.4/2003/NGO /176
de febrero de 2003
ESPAÑOL SOLAMENTE
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
59º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional
LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y
CULTURALES
El Secretario General ha recibido la
siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución
1996/31 del Consejo Económico y Social.
[ 3 de febrero de 2003]
El Proyecto de
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): un arma letal contra los
derechos de los pueblos americanos
¿Que es el ALCA?
El Área de libre Comercio de
las Américas - ALCA – es un acuerdo comercial en proceso (en negociación)
impulsado por Estados Unidos que busca la libre circulación de mercancías y
capital desde Alaska hasta Tierra del Fuego (34 países).
Este acuerdo, que se negocia
a puerta cerrada desde 1994, se establecería en el año 2005 con el fin de
eliminar progresivamente las barreras y “obstáculos” al comercio, inversión y
servicios, y proteger la “propiedad intelectual” de las empresas.[2]
Este
acuerdo iría aún más allá de los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio los que han sido muy vivamente
criticados por las ONG y los movimientos sociales del mundo entero.
Los temas en discusión son:
acceso a mercados; inversión; servicios; agricultura; propiedad intelectual;
compras del sector público; subsidios; política de competencia; antidumping y derechos compensatorios; y
solución de controversias.
El ALCA traerá la
profundización de la flexibilización laboral, esto significa que las
transnacionales tendrán la flexibilidad de limitar y recortar los derechos
laborales en función de la oportunidades de ganancias en los diferentes países
y sectores económicos. Las grandes empresas preferirán invertir o montar sus
industrias en países donde se paguen los salarios más bajos y las leyes
laborales sean flexibles o, simplemente, no existan.
Se generalizará el trabajo “maquila”
que consiste en trasladar a otro país partes de la producción que antes se desarrollaba en una sola
empresa para aprovechar costos más bajos de mano de obra y otras ventajas
comparativas: posibilidad de extender la jornada de trabajo, ausencia de amparo
legal, inexistencia o limitación de accionar de los sindicatos, explotación del
trabajo infantil...
Las experiencias
de tratados de libre comercio, en vez de la prometida mejora de las condiciones
laborales, han resultado en una inestabilidad laboral y un deterioro de las
condiciones de trabajo cada vez mayores.
En México, desde la aplicación del TLC se han reducido los
salarios en un 25 % y ocho millones de familias han pasado a incorporar la
categoría de pobres por falta de trabajo, o por trabajo mal remunerado. Las
condiciones laborales han sufrido un gran deterioro en la zona de las maquilas
afectando sobre todo a las mujeres.[3]
Además del deterioro de las condiciones de trabajo, el
derecho a fundar y utilizar el sindicato para promover y proteger sus intereses
económicos y sociales será amenazado. Las organizaciones se verán fragmentadas y
debilitadas por la proliferación de trabajadores no regulares y la constante
amenaza de despidos si se organizan o participan de la actividades
sindicales.[4]
Todo esto genera graves violaciones al derecho del trabajo de
la parte del Estado porque cumple leyes de regulación del comercio que son
contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
B. EL
DERECHO AL TRABAJO
Las reestructuraciones
requeridas por la liberalización de la economía como quiere el ALCA, provocan
graves violaciones del derecho al trabajo. Muchos empleos van a desaparecer por
falta de competitividad, privatizaciones y por economías en las instituciones del
Estado (administración, educación, salud, etc.). Por otro lado, los empleos que
son creados generalmente no superan los perdidos (además los nuevos empleos son
precarios y sin protección social satisfactoria).
Uno de los numerosos ejemplos de estas políticas es Argentina, donde la
casi totalidad de las empresas fueron privatizadas. Los administradores
privados redujeron el número de empleados a casi la mitad y los trabajadores
que quedaron con ocupación perdieron sus derechos laborales mediante la llamada
“flexibilización” de las normas de trabajo. La privatización de las empresas
argentinas – una prueba piloto de lo que promete el ALCA para todo el
Continente - , significó el aumento del desempleo abierto. En solo 15 años, el
desempleo creció en la Argentina del 7 al 30 por ciento, debido a una política
extrema promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).[5]
Derecho
al trabajó de los campesinos
La liberalización del comercio y la inversión del ALCA provocaría
severos problemas sociales y económicos a la población rural dedicada a la
agricultura y la pesca. En el nuevo escenario mundial escrito por el ALCA y
otros acuerdos comerciales, la agricultura, mediante la cual los agricultores
producían alimentos para el pueblo y las comunidades, debe ser reemplazada por
un sistema agroempresarial: debido a
la competencia internacional solo los grandes agricultores (empresas) podrán
sobrevivir. Sin ayuda del Estado y asfixiados por la competencia de los otros
países, los pequeños productores tendrían que migrar aun más de las zonas
rurales hacia las zonas urbanas, con los resultados conocidos: concentración de
la población en la periferia de las grandes ciudades, desempleo masivo y aumento de la pobreza.
En la
ciudad: quiebras de las pequeñas empresas y desempleo
En la ciudad, la apertura
comercial y de la inversión tendría por consecuencia las quiebras de los
pequeños productores que no podrían competir con las grandes empresas
transnacionales que tienen ventajas estructurales particulares que les faltan a
los productores pequeños y nacionales (economías de escala, producción en
muchos países, recursos financieros, información mercantil, experiencia,
recursos para propaganda, presión política, etc.).
Y estas transnacionales no crean muchos empleos porque: 1. no producen el producto íntegro en el
país, sino sólo
parte del mismo; 2.
repatrían las ganancias; 3. necesitan
menos empleos que los pequeños productores; 4. Disfrutan de ventajas fiscales que les otorgan los gobiernos para atraer
sus inversiones.
C. LOS
DERECHOS CULTURALES
La promoción del arte y de
la cultura en todas sus expresiones y manifestaciones sería cada vez menos
responsabilidad del Estado. La aplicación del principio de trato nacional
igualitario para entidades públicas y privadas extranjeras que presten
servicios de formación, promoción y difusión de las artes y de la cultura
llevará a la privatización tanto de las escuelas de arte, música y teatro como
de los espacios de recreación y exhibición (museos, teatros, bibliotecas,
etc.). La formación y apreciación del arte y de la cultura se convertirán en
actividades privadas y pagadas. Es decir, la cultura se convertiría en mera
mercancía como los otros “bienes”.
El desarrollo de una
producción en serie, para un mercado único, promoverá la destrucción de la
diversidad y la capacidad creativa de los artistas.[6]
Este proceso de subordinación de la cultura a los
grandes intereses comerciales es una grave amenaza para el derecho a participar
en la vida cultural.
Las consecuencias de la utilización estatal de la fuerza sobre los derechos
humanos son bien conocidas: violaciones del derecho a la vida (asesinado y
muertos en conflicto con policiales y ejercito), del derecho a la libertad y
seguridad personales (privación arbitraria de libertad y heridos), el derecho a
la libertad de circulación y del derecho al la expresión, etc.
[1] Documento preparado en colaboración con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Bolivia.
[2]Las características finales del ALCA se determinarán mediante negociaciones de los representantes oficiales de los gobiernos de los 34 países participantes.
[3] Fuente de los tres últimos párrafos: Tunupa, Carta informativa de la Fundación Solon, Boletín nº8, “¿Que es el ALCA?”, La Paz, abril 2001.
[4] Tunupa, Carta informativa de la Fundación Solon, Boletín nº12, “Los impactos del ALCA en Bolivia, La Paz, agosto 2001, p.12.
[5] Tunupa, Carta informativa de la Fundación Solon, Boletín nº11, La Paz, Mayo 2002.
[6] Fuente: Tunupa, Carta informativa de la Fundación Solon, Boletín nº12, “Los impactos del ALCA en Bolivia, La Paz, agosto 2001.
[7] Ver: Sacha Sergio Lorenti S., El silencio es cómplice, los derechos humanos en el Trópico de Cochabamba y la guerra contra las drogas, Capítulo boliviano de derechos humano, democracias y desarrollo, Asamblea permanente de los derechos humanos, La Paz, 1999.
[8] Tunupa, Carta informativa de la Fundación Solon, Boletín nº12, “Los impactos del ALCA en Bolivia, La Paz, agosto 2001, p. 6-7.