DECLARACION DE LA A.A.J. SOBRE LA AGRESIÓN DE
U.S.A. CONTRA CUBA
Las dictaduras genocidas que soportó América Latina durante las décadas de los
60/70, caracterizadas por las desapariciones forzadas, los asesinatos, las
torturas, el encarcelamiento sin el debido proceso, el extrañamiento y el
exilio, del que fueron víctimas centenares de miles de hermanos, y que
impregnan de dolor a la sociedad latinoamericana y caribeña, la disolución de
los partidos políticos, la falta de elecciones -en algunos casos durante
decenios-, la supresión de la libertad de expresión, los condicionamientos a la
soberanía popular de los procesos de transición, el endeudamiento externo, la
destrucción del aparato productivo y la entrega de los servicios públicos al
capital extranjero, fueron impulsadas, apoyadas o toleradas por la potencia
continental hegemónica, los Estados Unidos de Norteamérica. Esos regímenes
recibieron financiamiento y fueron sus aliados fieles en la ONU y la OEA. Es la
misma potencia que invadió y ocupa Afganistán e Irak, donde practica el
asesinato de civiles y la tortura, conforme a los manuales diseñados por la
CIA, similar a los que sirvieron para la educación de militares y policías
latinoamericanos en la Escuela de las Américas, durante la plena vigencia de la
doctrina de la seguridad nacional. En cambio, a Cuba, donde no existen
desaparecidos, asesinados ni torturados, se le aplica desde hace más de
cuarenta años un bloqueo económico cada vez más acentuado, que provoca
tremendas privaciones a su pueblo y dificultades a su desarrollo, además de
impulsar continuamente la actividad terrorista de las bandas asentadas en
Miami.
Ahora la Administración Bush acaba de aprobar
nuevas medidas que recrudecen el bloqueo, impiden la asistencia familiar y los
viajes de los cubanos residentes en Estados Unidos, sancionan a los países que
comercian con Cuba, asignan todos millonarios para organizar acciones contra la
estabilidad política cubana, pretenden colocar un avión de guerra en permanente
vuelo en torno al mar territorial de la Isla para lanzar transmisiones ilegales
hacía allí y obstaculizar las emisiones radiales y televisivas del país.
Ello constituye una agresión desde el punto de
vista del derecho internacional, ataca la soberanía nacional de Cuba y de
terceros países, en violación de normas fundamentales del derecho
internacional, consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos
Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de la OEA, la
Convención Americana de Derechos Humanos, la Organización de la Aviación Civil
Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre otros. Con
independencia de la simpatía o la crítica respecto al gobierno cubano, sólo los
desmemoriados, mal intencionados o ingenuos, pueden creer que los motivos del
encono de la gran potencia provienen de la restricción a los derechos políticos
y a la libertad de prensa en ese país.
La verdadera razón es que Cuba, -a pesar de las
dificultades, y los defectos inherentes a toda aventura humana-, es un ejemplo
de distribución de la renta nacional que garantiza -dentro de los límites de
sus posibilidades- salud, educación, cultura, seguridad social, dieta
alimentaria mínima, deporte y recreación para el conjunto de su población, y
ello es un ejemplo pernicioso para el sistema neoliberal que se quiere mantener
en el continente. A esto se añade una política internacional que los EE.UU
considera contraria a sus intereses. El pueblo cubano, como todos, tiene el
derecho de decidir, sin interferencias externas, sobre su régimen político,
económico y social, y superar cualquier discordia entre la efectiva vigencia de
los derechos económicos, sociales y culturales, y las restricciones a los civiles
y políticos, ya que unos garantizan a los otros. La preservación de ese derecho
es esencial para que cada uno de nuestros países pueda elegir su propio
destino, y construir una sociedad diferente al modelo que pretenden imponernos,
en la cual crece la marginalidad y el empobrecimiento de la inmensa mayoría.
En consecuencia, la Asociación Americana de Juristas:
13 de junio de 2004.
Clea Carpi
da Rocha
Presidenta
Vanessa
Ramos
Secretaria
General
Beinusz Szmukler
Presidente
Consejo Consultivo