COMISION DE DERECHOS HUMANOS
59° período de sesiones   Tema 3 : Colombia
Orador : Jairo Sánchez

Señora Presidenta:

De la lectura del Informe sobre Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (E/CN.4./2003/13) no queda duda que la situación de los derechos humanos y el derecho humanitario se agrava día a día y cómo el actual gobierno, como el anterior, ha hecho muy poco para dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales para mejorarla; siendo una prueba más de la falta de voluntad política de quienes ostentan el poder político para hacer de Colombia un verdadero Estado de derecho y democrático.

Destacamos del citado Informe, la precisión del marco conceptual de las violaciones de derechos humanos en Colombia: éstas son cometidas por los servidores públicos y los particulares con la complicidad o en connivencia con aquéllos (parr. 41) y no como lo afirmara el Vicepresidente colombiano en esta CDH el día de su instalación que son los grupos armados ilegales, confundiendo este aspecto con el derecho internacional humanitario que, efectivamente, se viola con frecuencia por todos los actores armados en el país, incrementándose en el último año con la solución belicista del actual gobierno a medio siglo de conflicto armado interno.

La política de seguridad democrática del Presidente Uribe Vélez a través del estado de excepción (conmoción interior) estableciendo las zonas de rehabilitación y consolidación, la red de informantes y los soldados campesinos, evocando las funestas PAC de Guatemala y la Rondas campesinas de Fujimori en el Perú, restringen, según el Alto Comisionado, los derechos y libertades fundamentales de circulación y residencia, de respeto a la vida privada y al domicilio, a la libertad individual y al debido proceso, siendo incompatibles con los principios internacionales sobre la materia. Los allanamientos, retenciones y capturas masivas, como la de Saravena (Arauca) el 12 y 13 de noviembre de 2002, tienen como blanco de las mismas a los miembros de las organizaciones sociales, sindicales y a los defensores de derechos humanos.

Preocupa los nexos probados de los agentes estatales y los paramilitares. Es así como paralelamente a los operativos militares en las zonas de rehabilitación también hicieron ingresaron estos grupos criminales -casos de Sincelejo, Chalán y Ovejas-. El paramilitarismo sigue usurpando las funciones del Estado aprovechando la tolerancia o pasividad de las autoridades, siendo un factor desestabilizador del Estado de derecho, dice el Informe.

Además de los nexos de funcionarios con los paramilitares afectando de forma negativa los derechos humanos, éstos y en especial el combate contra la impunidad encuentran un serio obstáculo en algunos órganos del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, que ha despedido o trasladado a fiscales con procesos bien encaminados por graves violaciones a los derechos humanos. "[En] la lucha contra la impunidad, las políticas estatales parecen haber registrado un debilitamiento en el transcurso del período cubierto por este informe (...) Los altos índices de impunidad siguen afectando la administración de justicia".

Señora Presidente: La deteriorada situación de los derechos civiles y políticos del pueblo colombiano se agrava más por la precariedad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales "... por la profunda exclusión económica y social, el alto grado de pobreza y la amplia brecha de inequidad", expresa el informe, siendo los sectores más vulnerables, los desplazados forzados (350.000 en el 2002), los niños, las mujeres y las minorías étnicas. Según la Oficina del Alto Comisionado en Bogotá, las reformas legales al Código del Trabajo y al régimen de seguridad social parecen ser incompatibles con las exigencias de progresividad que en este campo exigen las normas internacionales de derechos humanos.

Señora Presidenta: la AAJ, considera que la Oficina del Alto Comisionado en Bogotá, tanto por su mandato como por la gravedad del conflicto interno colombiano, después de seis años de establecida, no es mecanismo suficiente para lograr una mejoría sustancial en los derechos humanos en ese país, por lo que demanda de la CDH la adopción de otro complementario, como sería un Relator Especial para Colombia, como respuesta seria y coherente de la comunidad internacional ante una situación tan delicada y de su competencia. 

Muchas gracias,